En primer lugar es interesante ver las definiciones que la RAE hace de los términos “indulto” y “amnistía”.
Sobre el primero, nuestra Academia de la lengua dice:
indulto1. m. Gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena
Por otra parte, la RAE define así la amnistía
amnistía1. f. Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores.
Aunque parezcan iguales las definiciones, no es el mismo resultado ya que una, la amnistía lleva aparejada la extinción de responsabilidad, en tanto que el indulto puede llevar aparejado el cambio o reducción de la pena.
Fuere como fuere, para que se dé cualquiera de los dos supuestos se requiere que exista un delincuente (la RAE define al delincuente como persona que delinque, o sea persona que comete un delito). Y los únicos que están reconocidos para declarar que alguien ha cometido un delito son los tribunales de justicia. O sea que, cuando se indulta o se da la amnistía a una persona, es porque es un delincuente.
Sentadas estas premisas había que pasar a que está originando un debate forzado, totalmente artificioso, de auténtico filibusterismo político y tremendamente hipócrita en nuestro país. Y ello por una razón obvia: todos, absolutamente todos los gobiernos democráticos que han existido hasta el momento, han concedido indultos. Algunos a delincuentes con perfiles económicos y a otros a delincuentes con tintes políticos.
Un repaso a la prensa de años atrás y a la memoria escrita, lo que se conoce como hemeroteca, puede aportar las pistas de las simpatías o preferencias para perdonar los delitos según el tinte político de cada gobierno indultador.
Así, por ejemplo, Felipe González, indultó, entre otros muchos, a dos personajes curiosos que para nada coincidían con sus supuestas premisas políticas: Juan Hormaechea, Presidente del Partido Popular en Cantabria y a Alfonso Armada. Al primero, condenado por delitos económicos y al segundo por ser uno de los cabecillas del intento de Golpe de Estado del 23-F de 1981.
El siguiente Presidente del Gobierno, que además mantiene el récord porcentual de indultos, fue José María Aznar. El Sr. Aznar concedió el indulto, entre otros, al exministro del Interior, José Barrionuevo, y un exsecretario del Estado para la Seguridad, Rafael Vera, condenados por organizar grupos ilegales para la lucha contra ETA. Igualmente, concedió el perdón al juez Javier Gómez de Liaño, condenado por un delito de prevaricación, y lo hizo en contra opinión del Tribunal Supremo que desaconsejó el indulto.
José Luis Rodríguez Zapatero también indultó. Por ejemplo, a Alfredo Sáenz, exconsejero del Banco Santander, indulto que también tenía la opinón contraria del Tribunal Supremo, además de conceder un segundo indulto a Juan Hormaechea.
No se quedó atrás M. Rajoy al indultar, además de a una larga lista, a José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, dos comandantes sanitarios condenados por el caso Yak-42, y, también, a Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de UDC y ex cuñado del dirigente Josep Sánchez Llibre. Ambos habían sido condenados por desviar fondos del Departamento de Trabajo.
¡Maldita hemeroteca!
Ante este historial de perdones concedidos por los presidentes de nuestra democracia, sin que se objetara por nadie su inconstitucionalidad, cabe preguntarse a qué viene esa campaña en contra de unos supuestos indultos que se podrían conceder por un futuro gobierno. La respuesta es muy sencilla: o algunos dirigentes y ex dirigentes políticos han perdido la memoria, o les ha dado un ataque de Alzheimer, al parecer bastante profundo, o bien, la tercera alternativa: existe la intención de dañar la imagen de un posible gobierno progresista futuro. Lo primero y lo segundo parece poco improbable.
No se entienden las dudas surgidas porque el Art. 62 de nuestra Constitución establece que “corresponde al Rey: i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Al parecer, el sector conservador del espectro político español, está en contra de la presentación, y en su caso, aprobación de una ley que regule los indultos, algo previsto constitucionalmente y que, hasta el momento, ningún gobierno anterior ha tenido a bien regular.
Deberían explicar por qué están en contra de que se regule un derecho contemplado constitucionalmente en lugar de crear tensiones y engañar a la ciudadanía.
