La Junta y las universidades: asfixiar lo público para que florezca lo privado

El modus operandi no es nuevo en la derecha andaluza. Lo vimos en la sanidad pública. Los recortes en la financiación, o los desvíos de fondos hacia los conciertos con la privada, no han hecho más que aumentar las listas de espera que se habían cronificado en las consultas de especialistas y las cirugías ya bajo los gobiernos del PSOE, pero que en estos últimos años también se han extendido y enquistado en la atención primaria. Súmenle alas enteras de hospitales cerradas en verano en nuestras costas, justo cuando más se dispara su población, o centros de salud que no abren por las tardes y se completa un panorama idóneo para provocar la fuga masiva de usuarios a la sanidad privada. Masiva… para quien pueda pagarla, claro está. Desde 2018 el número de andaluces con seguro médico privado se ha incrementado en un 24,7%, hasta el punto de que las aseguradoras privadas tienen dificultades para atender a la vez la demanda de nuevos asegurados y los que ya atendían a través de los convenios con la Muface, generosamente renovados por el ministerio que encabeza Mónica García.

Lo vimos también en la formación profesional. El difunto consejero Imbroda pasó de la patronal de la educación privada en el sector a la consejería de Educación. ¿Para qué? Para asegurarse de que la creciente demanda de formación profesional de alto nivel no se viera satisfecha por un aumento de la oferta pública en el sector. Había que salvaguardar el negocio. Y ampliarlo todo lo posible. Lo volvimos a ver con la educación infantil, cuando el gobierno de Moreno Bonilla renunció a 112 millones que habrían permitido escolarizar a 12 000 niñas y niños porque, de nuevo, perjudicaba el negocio de la educación infantil privada.

El rechazo de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) a varios grados y másteres propuestos por la Universidad de Granada (UGR) y otras universidades públicas andaluzas se inscribe en esa misma lógica. Las universidades privadas hasta hace muy poco apenas tenían hueco en el panorama de la educación superior española por la solidez y excelencia de la red pública de universidades que se había ido expandiendo en las últimas décadas de forma cada vez más descentralizada por todo el país. Sólo en Euskal Herria, universidades ligadas a la Iglesia Católica (más concretamente al Opus Dei en el caso de Navarra o a los jesuitas en Deusto) y pocas excepciones más, también a menudo vinculadas a la Iglesia en Madrid (Universidad Pontificia Comillas, también jesuita) o «de inspiración cristiana» en Barcelona (Ramón Llull). En Andalucía, hasta hace un par de años aún existía sólo una universidad privada, la Universidad Loyola, vinculada a la compañía de Jesús, con apenas 4 facultades en sus tres campus y en torno a 5.000 estudiantes, cifra que contrasta con los aproximadamente 200 000 de las 9 universidades públicas de la comunidad autónoma.

Hace aproximadamente un año, la Junta de Andalucía decidió dar un empujón al negocio de la educación superior en el territorio. Sólo en Málaga, en julio de 2024 se aprobaron dos nuevas universidades: la Alfonso X El Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía, pese a contar con el informe desfavorable unánime de los rectores en el Consejo Andaluz de Universidades por, entre otras cosas, no garantizar un presupuesto suficiente para investigación.

Estas se sumaban a otras dos creadas poco antes en la misma legislatura. La primera es la CEU Fernando III (2023), promovida en Sevilla por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, también de orígenes jesuitas y conocida entre otras cosas por haber otorgado un premio, desde su Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, nada menos que al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, bajo cuyo mandato florecieron grupos paramilitares que conocidos por sus asesinatos de activistas políticos y sociales, así como los «falsos positivos» de trágico recuerdo. La segunda es la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed), impulsada en Málaga por la Fundación Unicaja y el grupo Vocento. No obstante, estas no han sido las últimas, ya que está en trámite la Pontificia de Comillas, que también cuenta con el rechazo unánime de los diez rectores andaluces y que ha suscrito un acuerdo con la Hermandad San Juan de Dios para impartir un grado en Enfermería en Bormujos hasta hace poco adscrito a la Universidad de Sevilla. 

No es casual que ese furor a la hora de autorizar universidades privadas haya coincidido en el tiempo con la racanería de la Junta en la financiación de las universidades públicas. Pocos meses después de aprobarse las dos instituciones privadas para Málaga, los rectores de las públicas ponían el grito en el cielo al observar que la Junta no dotaba de fondos a las universidades públicas para cumplir el acuerdo firmado con ellas y con los sindicatos en junio de 2024 para convocar los complementos autonómicos  del personal docente e investigador por un lado e impulsar la carrera horizontal del personal técnico y de administración y servicios (PTGAS) por otro, con el compromiso de entrada en vigor con efectos de 2024. Las universidades convocaron en septiembre los complementos, que se convocan periódicamente y se conceden, o no, en función de la evaluación de méritos docentes, investigadores y de gestión de los solicitantes, pero a finales de noviembre los rectores reclamaron que la Junta adeudaba 50 millones de euros a las universidades necesarios para hacer efectivo el compromiso. Mientras, la Junta presumía de haber resuelto en tiempo récord la convocatoria, pero olvidó durante meses comunicar la resolución al personal afectado y, lo que es peor, no transfirió a las universidades los recursos necesarios para que se hiciera efectiva. La negociación se prolongó durante algunos meses hasta marzo de 2025, cuando la Junta y los rectores alcanzaron un acuerdo para inyectar 50 millones a las universidades en cumplimiento de los acuerdos previos, pero a día de hoy ni el profesorado ni el PTGAS han cobrado lo que se les debe de 2024. La propuesta de la Junta, para pasmo del personal de las universidades, es ejecutar el pago en 2026, dos años después de lo comprometido.

Más sangrante es, y tampoco es casual, la situación de asfixia financiera que vive la universidad de Málaga, justo en la ciudad donde se han aprobado tres universidades privadas en dos años. Según datos de la propia Consejería de Universidades, la infrafinanciación de la UMA en el curso 23-24 se traduce en una cifra por estudiante de 6 267,25 euros, mientras que la media del conjunto de universidades públicas fue 6 945,45 euros por estudiante en el mismo curso y la mejor financiada roza los 8 000 euros. Esta insuficiencia en la financiación, prolongada durante años, explica que la UMA pasara a tener un remanente de más de 190 millones de euros en 2015 a una deuda de 45 millones en 2024. La Junta ha venido al rescate de la UMA, pero no compensando lo que había dejado de financiar, sino con un préstamo que la universidad malagueña tendrá que devolver en un plazo de 21 años a base de recortes de su presupuesto. Plazo de tiempo ideal para que vayan haciéndose su hueco las privadas.

Por su parte, CCOO evaluaba para el conjunto de las universidades andaluzas en noviembre de 2024 las necesidades de financiación en 87,5 millones de euros para poder cumplir el compromiso de remuneraciones complementarias alcanzado en junio de ese año, cifra considerablemente superior a la reclamada por los rectores. A la vez, denunciaba que el aumento de presupuesto del conjunto de las universidades, del 2,42%, era claramente insuficiente, dado que el presupuesto andaluz en su conjunto creció para el mismo ejercicio un 4,4%, casi el doble que el de las universidades públicas.

Pues bien, es en este panorama de recorte y racaneo presupuestario y de avalancha de nuevas universidades privadas cuando salta estos días la noticia del rechazo de importantes grados y másteres para las universidades públicas por parte de la Agencia Andaluza de Calidad Científica y Universitaria, mientras se conceden con toda generosidad y sin evidencias de mimbres académicos para ello las mismas titulaciones a las privadas. Especialmente llamativos y sangrantes han sido el grado de inteligencia artificial y el de ingeniería biomédica. El primero ha sido denegado a la Universidad de Granada, líder nacional en número de investigadores de alto nivel acreditados en el sector. Baste reseñar que de los 157 investigadores que la UGR ha situado, cifra récord para la institución, en el 2% de los más influyentes del mundo que figuran en el ranking Stanford, 27 nada menos son del campo de la inteligencia artificial. No debe haber parecido mérito suficiente a la ACCUA, que sí ha visto con buenos ojos la propuesta de la UAX de Málaga, recién creada y sin investigadores de referencia en el sector.

El segundo grado en cuestión ha sido concedido a la universidad Loyola, sí, la de los apenas 5 000 estudiantes, la de las cuatro facultades (una de ellas de Teología) en tres campus, al tiempo que se le denegaba a las universidades de Jaén y Granada que habían presentado una propuesta de titulación conjunta y que contaban ya con cientos de estudiantes preinscritos para ponerla en marcha en el próximo curso 2025-26. De nuevo, la UGR es puntera en investigaciones médicas, más aún tras el impulso dado hace unos años por el campus de ciencias de la salud y la proliferación de laboratorios de investigación que allí se han instalado. Cabe suponer que la ACCUA ha debido confiar más en la inspiración del Espíritu Santo como garantía de calidad del futuro grado en la Loyola que en el respaldo científico y la trayectoria largamente acreditada de la propuesta de ambas universidades públicas.

No está de más detenerse por un momento en la figura del responsable de este desaguisado, el consejero de universidad, investigación e innovación José Carlos Gómez Villamandos. Se trata de uno de esos señores de derechas que, pese a haber trabajado toda su vida en el servicio público, demuestran con sus hechos no creer en él. Villamandos fue, de hecho, rector de la universidad -pública- de Córdoba entre 2014 y 2022 y llegó a presidir la conferencia de rectores de las universidades españolas, la CRUE, antes de convertirse en consejero y lanzarse a promover el negocio de las universidades privadas. Añadamos como curiosidad, no del todo anecdótica, que en 2022 le fue otorgada la cruz del mérito militar con distintivo blanco por los proyectos de colaboración con el ejército que impulsó al mando de la CRUE y, como rector de la UCO, por su “valiosísima aportación”, en palabras del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, al parque del Higuerón en Córdoba, donde el ejército cuenta con una base logística.

Pues bien, el consejero Gómez Villamandos sostiene ahora, tras las protestas de los rectores, que la ACCUA es independiente y que él no ha tenido nada que ver con sus polémicas decisiones. No obstante, sus palabras resultan poco creíbles, priemero porque la ACCUA la preside él mismo y en segundo lugar porque de hecho carece de director desde que José Cubero Atienza, nombrado en 2023, dimitiera del cargo el pasado mes de marzo, dos meses después de emitir un informe en el que se quejaba precisamente de la «falta de independencia y autonomía» que padecía ya por entonces la agencia que dirigía. Pero es que basta un vistazo rápido a la página web de la institución para comprobar que el de director no es el único puesto vacante. También lo están los de los responsables de las áreas de Evaluación y Acreditación, precisamente de la que dependían las decisiones sobre los nuevos grados y másteres, y la de Calidad y Relaciones Institucionales. Eso sí, la secretaría general está cubierta, en concreto por Sandra López García, licenciada en Ciencias Económicas por la US, nombrada para el cargo en 2019, casualidad o no, año en el que el PP accedió al gobierno de la Junta, y cuyo curriculum se limita a diversos cargos en distintas consejerías, pero es totalmente ajeno al mundo universitario.

Esta ACCUA, desarbolada en su dirección académica y bajo el mando político del consejero es la que ha dado carpetazo, además de al Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que se iba a impartir en los campus de Granada y Melilla de la UGR, a otros grados y másteres propuestos por universidades públicas como un máster en Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud, título conjunto entre la UGR y la Universidad Internacional de Andalucía, y un Programa de Doctorado en Arquitectura, coordinado por la Universidad de Sevilla (US) y con la participación de la UGR y la Universidad de Málaga (UMA) y ello pese a que la propia consejería había dado un visto bueno previo a dichas titulaciones. Sólo entre dos de esos grados sumaban casi 2.000 preinscripciones de estudiantes que ahora tendrán que matricularse en otras opciones… a no ser que tengan los casi 10.000 euros que valdrá la matrícula en las universidades privadas a las que sí se las han aprobado y que presumen desde sus webs de carecer de nota de corte. Por supuesto, donde se ponga un buen corte económico qué necesidad hay de uno académico.

Nadie, salvo los que hacen negocio con ellas, necesitaba universidades privadas en Andalucía, comunidad autónoma que figura entre las que tienen las tasas académicas más bajas, lo que históricamente ha permitido, junto con las becas, que sectores populares pudieran acceder a los estudios superiores favoreciendo así el ascenso en la escala social. Los intereses a los que responde el gobierno de Moreno Bonilla quieren ahora averiar gravemente ese ascensor. No quieren que los hijos de las clases acomodadas tengan que competir con los de las clases populares por los puestos de trabajo más cualificados y, a la larga, más estables y mejor remunerados. De eso se trata también cuando se asfixia la universidad pública para poner un trampolín a la privada. Pero hay otras consecuencias: el desplazamiento hacia esferas controladas por la confesión religiosa con más poder en el país de parte de un sector educativo tradicionalmente laico como el de la enseñanza superior, el único en el que la Iglesia Católica apenas había extendido sus tentáculos. Y lo hace después de que en la educación de 0 a 18 años ya tuviera una presencia sólida, creciente y financiada por fondos públicos en un estado que se define como aconfesional. Todo ello gracias a los favores de regímenes autoritarios pasados, pero también a la complicidad de los gobiernos del PSOE desde la Transición. Y hay otra consecuencia no menor: la subalternización de parte de la educación universitaria andaluza respecto a universidades con sede en Madrid para las que las nuevas universidades privadas creadas en el Sur serán meras franquicias locales. ¿Les suena? El viejo centralismo de las élites estatales aliadas a la oligarquía andaluza conquista una de las pocas fronteras que le faltaban, con una víctima colateral no menor: la pérdida absoluta de credibilidad de una agencia creada para garantizar nada menos que la calidad y la excelencia de las universidades andaluzas.

Y aunque se cite en último lugar, hay otra consecuencia que tal vez sea la más grave en todo esto: se concede a universidades privadas una ventaja temporal que puede ser decisiva en la formación de élite en sectores estratégicos para el futuro económico de un territorio, pero también para su modelo social. ¿Cómo va a ser lo mismo que la investigación y la formación en algo tan delicado como la inteligencia artificial esté liderada por el interés público que en manos privadas? ¿Y cómo va a ser lo mismo cuando hablamos de ingeniería biomédica? Justo en dos sectores donde los debates éticos sobre por dónde debe ir la investigación y qué intereses ha de servir la Junta da prioridad a lo privado.

Mientras quienes gobiernan la Junta de Andalucía vuelven a celebrar hipócritamente el nacimiento de Blas infante, comprobamos cómo el milagro andaluz del que tanto presume Moreno Bonilla al final era eso: regalar a instituciones privadas con sede en Madrid y creadas de la nada parte sustancial del pastel, pues así lo ven quienes consideran la política como la continuación de sus negocios por otros medios, de la reproducción de conocimiento en el futuro. Y ello a costa de tirar por la borda décadas, a veces siglos, de acumulación y reproducción de conocimiento en nuestras instituciones universitarias públicas. La sociedad andaluza tiene motivos de sobra para alarmarse.