Tal vez todavía no hemos aprendido de las enseñanzas que nos da la historia, de las veleidades de vencedores de cruzadas o de los acuerdos «ad aeternum» firmados sin conocimiento, ni consentimiento, de los ciudadanos. Porque para asombro generalizado de quien tiene la fortuna o la desgracia de escarbar un poco, no demasiado, en la historia de las relaciones entre España y El Vaticano, aparecen documentos impensables e impresentables, que rozan la indecencia, en términos y mentalidades actuales.
Ciertamente, las líneas que siguen, van a molestar a las mentes de «la gente de bien», un personal que, inexplicablemente, aún existe. Sí, esos de opiniones trasnochadas, razonamientos dieciochescos o incluso criterios basados en conclusiones del Concilio de Trento y toda suerte de argumentos inquisitoriales. En nuestro país, hacer juicios de valor de todo lo que roce religiosidad (sobre todo la católica), es anatema social y motivo de excomunión institucional. Ya lo decía Cervantes, por boca de Don Quijote, «con la Iglesia hemos dado, Sancho».
Se mencionaba al principio que, para asombro de los que se topan con algunos documentos históricos, en determinados casos se produce el pasmo de que todavía siguen vigentes. Así, los acuerdos con la Santa Sede, o sea, con el Estado Vaticano, cuya forma de gobierno, dicho sea de paso, es una monarquía absoluta, firmados por la extinta dictadura española hace 78 años, siguen teniendo validez en gran parte. Muchos españoles no conocen en la actualidad lo que, en su día, se denominó como Concordato entre el Estado español y la Santa Sede, firmado en 1953 en la Ciudad del Vaticano por el Secretario de Estado de la Santa Sede y por el Embajador Español en el mencionado estado. Pero además, para lo que se había quedado «desfasado», se revisaron dichos acuerdos en los años 1976 y 1978, cuando en nuestro país todavía había restos, y muchos, de dictadura. Ahora, tras 46 años de democracia y el paso de varios Gobiernos democráticos, aún siguen siendo válidos, incomprensiblemente, acuerdos firmados por un régimen dictatorial. Cualquier mente medianamente despierta, no entiende esta situación en un país con una Constitución democrática en la que el Estado español declara su respeto a las manifestaciones religiosas, pero no reconoce como oficial ninguna religión.
Es aconsejable y un buen ejercicio mental, leer la actualización publicada en el BOE del 3 de enero de 1979 de ese Concordato para comprender las sinrazones de por qué tiene tantos privilegios la Iglesia Católica en este país.
Y así, se dan paradojas como que se cobre entrada por entrar a monumentos, de uso religioso, pero restaurados por el Gobierno con dinero de nuestros impuestos, incluyendo las «donaciones» que muchos ciudadanos aportan a la Iglesia Católica marcando la casilla de la declaración de la renta, y se siga marginando al resto de creencias religiosas.
Cuando se visita una ciudad española, el nombre es lo de menos, puede saltar la sorpresa de que exijan 4 € para entrar en una Iglesia, restaurada con fondos del Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Cultura, o sea con dinero de los españoles, creyentes y no creyentes, y declarada monumento nacional. Y no es la única ciudad donde ocurre ese atropello de no respetar los derechos de todos los ciudadanos para contemplar y disfrutar del arte en todas sus manifestaciones, haberlas haylas y más cercanas de lo que usted, amigo lector, se puede imaginar. Eso sí, con sus impuestos, con los suyos ejemplar ciudadano, se reparan edificios, pinturas, esculturas, cerámicas, ornamentos religiosos…
¿Hasta cuándo durarán estos sinsentidos, hasta cuando seguirán permitiéndolos nuestra clase política y hasta cuándo los soportaremos los ciudadanos?
