Los sindicatos UGT y CCOO no representan los intereses de fondo de la clase trabajadora andaluza. Los llamados sindicatos más representativos no cumplen la imprescindible función de utilidad. Hace tiempo, demasiado tiempo, que las y los dirigentes de UGT y CCOO están táctica y estratégicamente subordinados a los gobiernos de la Junta de Andalucía, sin capacidad reivindicativa alguna.
Una prueba es el Pacto Social y Económico que firmaron, junto con la Confederación de Empresarios de Andalucía, en marzo de 2023, tan solo dos meses antes del comienzo de la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2023. Una forma de vestir de progresista la imagen del PP y del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Otra prueba, el acuerdo que firmaron el 22 de mayo del mismo año, en plena campaña electoral de las municipales, junto con SATSE y CSIF, «para la mejora de la atención primaria y del modelo de carrera profesional del personal» del Servicio Andaluz de Salud.
Loa mencionados pactos son masivamente incumplidos por parte del gobierno andaluz. Las tasas desigualdad y de desprotección social se mantienen entre las peores de Europa. La dificultad de acceso a la vivienda es trágica. El tejido productivo andaluz, centrado en una economía de escaso valor añadido para las y los trabajadores, como es la de la hostelería y el turismo hotelero, no despega hacia la industrialización y sectores culturales y tecnológicos de alto valor añadido. La gravedad del deterioro de la atención sanitaria pública es manifiesta, sumado al aumento de gasto en externalización a empresas privadas, bien por vía de contratos y concesiones públicas, o por la expulsión de la ciudadanía del sistema público harta de esperar una atención digna.
Andalucía tiene, fruto de casi cincuenta años de gobiernos del PSOE y del PP, a los que este sindicalismo da soporte, los peores datos estructurales de desigualdad económica, social, de género y ambiental de España. Consiguientemente, Andalucía precisa de un sindicalismo comprometido en la reducción de esas brechas históricas. Andalucía precisa de un sindicalismo andalucista y pacifista que ponga en el centro la defensa de los intereses del pueblo andaluz.
Necesitamos un sindicalismo que no se apunte a la dinámica de belicista de Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez. Un sindicalismo que critique y se movilice fuertemente contra el desvío de 10 500 millones de euros para armamento, la mayor parte de los cuales irán a parar al fascismo estadounidense de Donald Trump, que trata con incrementos arancelarios nuestros productos agrarios. Un sindicalismo que no pida un impuesto a la ciudadanía europea para dinamizar la industria armamentística, como ha hecho el líder de UGT, Pepe Álvarez. Un sindicalismo que no pida un pacto PSOE/PP para aprobar los presupuestos generales del Estado, ignorando la inversión social, en materia de servicios públicos y vivienda, como ha pedido el líder de CCOO, Unai Sordo.
Tal vez, mediante el modelo de unidad de acción, sindicatos como USTEA, CGT o SAT, entre otras plataformas sectoriales que defienden los derechos de las y los trabajadores andaluces, podrían construir un sindicalismo apegado a las necesidades de Andalucía con una comprensión federal de estado, cooperativo con los intereses de las clases trabajadoras del resto de pueblos. El contexto de régimen de guerra actual, en el que nos embarcan los dirigentes europeos a las órdenes de Trump y la OTAN, requiere pensar global y actuar local. Andalucía, el pueblo andaluz, podría ser en esto, como en otros momentos históricos, un bastión de ruptura con el bipartidismo monárquico y los apéndices sindicales que lo legitiman. En defensa propia, por los pueblos y la humanidad.
