Vaya por delante una premisa: Don Cristóbal Montoro y el resto de los veintiocho encausados, son presuntos inocentes hasta que los tribunales no se pronuncien. No se puede caer en la impostura, como en el caso de Santos Cerdán que, antes de que los tribunales lo juzguen, ya lo han dado por culpables los partidos de derecha y extrema derecha de este país, con la postura «abstencionista» de sus propios compañeros.
Eso sí, lo de don Cristóbal Montoro no es asunto baladí. No se trata de un simple chorizo (presunto), de cuello más o menos blanco y encorbatado; es toda una organización (¿mafia?), que los tribunales habrán de etiquetar y colocar los calificativos ad hoc, al dictar sentencia. ¡Nada menos que toda la cúpula acusada, y durante dos gobiernos, del Ministerio más importante de una nación: el de Aznar y el de Rajoy! Lo dicho, no se trata (presuntamente) de un simple chorizo.
Vendrá bien un poco de recuento de la información aparecida en los medios de comunicación: Montoro y sus secuaces (secuaz: que sigue el partido, doctrina u opinión de otro. Diccionario de la RAE), además de llevarse el dinero, bloquearon o disminuyeron los cauces para que entrase menos dinero en las arcas públicas. Nos robaban doblemente: por un lado, se llevaron pingües comisiones y por otro minoraron los ingresos del Estado. No es necesario explicar la incidencia en recortes de servicios públicos a la ciudadanía. ¡Y encima nos subió indecentemente los impuestos, además de permitirse el lujo de abroncar a todo el que pasaba por su lado! Hay una cuestión importante: esas decisiones pasaron por los Consejos de Ministros con lo que todo el Gobierno, los dos gobiernos, son responsables.
Hay que reconocer que el Sr. Montoro, ayudado según dicen por la legión de miembros de su «despacho» y, en algunos casos, supuestamente, por los asesores jurídicos de las empresas beneficiadas, eran auténticos maestros redactando disposiciones adicionales a los presupuestos generales. Por cierto, que esos presupuestos generales fueron aprobados con la mayoría parlamentaria conservadora, o sea por todos los diputados del PP. Ergo, el PP como partido, es responsable. ¡No vale la actitud del avestruz! La excusa de que son cosas pasadas…
Hay una responsabilidad ante los ciudadanos y esa responsabilidad debería asumirla el PP con todas las consecuencias. Esos complacientes abrazos, esa camaradería, esas buenas sintonías y esas caras de satisfacción y orgullo que se dieron en el recién finalizado congreso del Partido Popular entre el Sr. Feijóo y los expresidentes Aznar y Rajoy, deben tener un peaje. Es significativo el abrazo de Feijóo con Aznar y Rajoy, dos presidentes señalados por (supuesta) corrupción de Estado.
Según parece, Juan Manuel Moreno Bonilla fue Secretario de Estado en alguno de esos gobiernos; habrá que redoblar la vigilancia ante tan gran admirador de don Cristóbal Montoro (por ahí corre un video), no sea que se haya contagiado con alguno de virus que pudieron pulular por esos pasillos ministeriales aquellos años. Tal vez algunos contratos del SAS, los recortes a las funciones fiscalizadoras de los órganos de control, los ceses de Interventores y algunas cosillas más, pudieran ser síntomas sospechosos.
Hay un refrán muy español: «¿Quién guarda al guarda?»
Por cierto, que la intervención de Feijóo en el Congreso haciendo uso del bulo sobre el suegro de Pedro Sánchez, denota la baja catadura moral que tiene ese aspirante a Presidente del Gobierno. Nunca nadie se había atrevido a caer tan bajo, ni a tener actitudes tan barriobajeras y pestilentes. Si le quedara algo de decencia debería entregar su acta de diputado, retirarse a su Galicia natal y relajarse mariscando, que para eso tiene la playa muy cerca, demasiado, de su vivienda.
Tal vez, aún, nos reserve alguna que otra sorpresa el Sr. Montoro y su despacho.
Al margen, cabe una reflexión sobre todo lo relacionado con Santos Cerdán: ¿qué pasaría si los informes de la UCO no fueran ciertos?, ya que tan solo se lanza una serie de sospechas. Una parte de la ciudadanía no acaba de distinguir con claridad entre funciones y espionaje político, tiene sospechas del papel sesgado de la UCO, en verdad de una parte de la UCO. No estaría mal que el Sr. Ministro de Interior, Grande-Marlaska, hiciese algo al respecto. Si no se puede probar, por aquello de la presunción de inocencia, que Santos Cerdán es culpable, «alguienes» (de todos los colores), incluidos jueces y fiscales, deberán pedir disculpas públicamente… y asumir responsabilidades.
Sería interesante que el CIS hiciera una encuesta sobre la opinión de los ciudadanos en relación con la justicia y la independencia judicial. El crédito democrático y de independencia de la Judicatura parece que se está agotando, si es que no está ya agotado, por el sesgo político de una parte importante de los jueces. Los ciudadanos tienen la sensación de que algunas actuaciones judiciales no siempre se ajustan al mismo rasero y, a veces, da la impresión de que hay dos varas de medir. Es conveniente recordar que el CGPJ tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las funciones de jueces y tribunales.
Pues nada, ahí quedan esas reflexiones. Y de paso, si a alguien se le ocurre dejar a un lado intereses partidistas y tomarse en serio lo de elaborar una legislación anticorrupción…
