Esta semana pasada se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de La Rinconada que, aunque haya coincidido con la Feria, ha traído decisiones que no pueden pasar desapercibidas. Desde Con IU–Podemos La Rinconada queremos explicar por qué hemos votado como hemos votado y qué implican realmente los acuerdos adoptados.
Se aprobaron dos modificaciones presupuestarias por valor de más de tres millones de euros, financiadas con remanente de tesorería. También se dio luz verde a una operación de crédito con Diputación y, quizás lo más relevante por sus implicaciones a largo plazo, se aprobó iniciar un nuevo proceso de privatización del servicio de limpieza viaria durante los próximos seis años.
Aunque los informes técnicos justifican la urgencia de estas decisiones y la legalidad está cubierta, la acumulación de medidas extraordinarias deja entrever una forma de gestionar el municipio que nos preocupa cada vez más. Gobernar con remanentes, operar con créditos reintegrables y privatizar servicios básicos no son decisiones aisladas, sino síntomas de un modelo que se repite. Un modelo que no planifica a largo plazo, que depende demasiado de fondos extraordinarios y que parece haber renunciado a fortalecer lo público desde dentro.
Nuestro voto favorable a las modificaciones presupuestarias no es un cheque en blanco. Acompañamos la decisión porque entendemos que hay actuaciones urgentes y necesarias —como la mejora de espacios públicos o la adecuación de edificios municipales— que no pueden esperar. Pero al mismo tiempo dejamos clara nuestra posición: este modelo de presupuestos que se aprueban con una ejecución baja y se parchean con operaciones extraordinarias no es sano para el municipio. Las cuentas públicas no pueden vivir eternamente del remanente, y mucho menos sin una estrategia clara que garantice su sostenibilidad en el tiempo. Una cosa es atender imprevistos; otra muy distinta, convertir lo excepcional en habitual.
Lo mismo ocurre con la operación financiera con Diputación para el plan de asfaltado. Nadie discute que nuestras calles necesiten mejoras, pero usar de forma recurrente el fondo de anticipos reintegrables del FEAR implica asumir una deuda que, aunque no sea bancaria, condiciona la capacidad del Ayuntamiento para decidir libremente sus inversiones futuras. Habría que preguntarse si hemos llegado a un punto en que todo lo importante necesita fondos externos, y si no es hora de reforzar la financiación estructural del municipio con medidas que aseguren más autonomía.
Y luego está la limpieza viaria. Lo dijimos en el pleno y lo repetimos aquí: privatizar no es una obligación técnica, es una decisión política. Y en este caso se ha vuelto a optar por ceder el servicio a una empresa privada, por un valor de más de 11 millones de euros a seis años vista. Se ha argumentado que no hay medios suficientes —ni maquinaria ni personal—, pero lo cierto es que no se ha planteado ninguna alternativa que permita avanzar hacia un modelo público. Ni un plan progresivo, ni refuerzo de plantilla, ni inversión en equipamiento. Solo la renuncia directa a gestionar lo que debería ser una competencia propia.
Durante el debate coincidimos con otros grupos en señalar que esto es, claramente, una privatización. Frente a nuestra postura, el delegado respondió acusándonos de incoherencia por casos en los que IU gobierna y también existen servicios externalizados, como en Los Palacios. Sin embargo, lo curioso fue que, al mismo tiempo, se defendió que lo que se plantea aquí no es una privatización, sino una «colaboración público-privada», una forma de disfrazar decisiones políticas bajo un lenguaje técnico. La discusión alcanzó un momento especialmente llamativo cuando el alcalde, respondiendo a un concejal del PP que criticaba la medida, le acusó de incoherencia recordando que el PP ha sido históricamente impulsor de privatizaciones y, en tono irónico, lo bautizó como «la reencarnación del Ché Guevara». Más allá de las anécdotas, lo que quedó claro es que privatizar o no sigue siendo una elección política, y nuestra postura es firme: creemos en lo público y en su fortalecimiento.
Esa forma de gobernar, que asume que lo privado es más rápido o más fácil, es incompatible con nuestra idea de lo público. Porque lo público no es solo un sistema de prestación de servicios: es una forma de construir comunidad, de asegurar condiciones dignas de trabajo, de evitar que el beneficio económico se imponga sobre el interés común. No podemos defender unos servicios públicos fuertes mientras aceptamos, año tras año, que lo esencial se subcontrate sin debate ciudadano.
Desde Con IU–Podemos La Rinconada vamos a seguir defendiendo otra forma de hacer política: una en la que los presupuestos se planifican con realismo, no con fórmulas técnicas para corregir lo que no se ha ejecutado; una en la que el Ayuntamiento refuerza su capacidad de acción en lugar de limitarse a pagar facturas externas; una en la que se rinda cuentas con claridad y se implique a los vecinos y vecinas en las decisiones que afectan al día a día del municipio.
Lo que se ha votado esta semana tiene consecuencias. No es solo contabilidad: es el tipo de pueblo que queremos construir. Y frente a quienes normalizan lo urgente, lo excepcional y lo subcontratado, nosotras seguimos diciendo lo mismo: la feria pasa, lo público se queda. Y hay que defenderlo.
