La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido el informe Fiscalización financiera y de cumplimiento de determinadas áreas de la Mancomunidad de Servicios La Vega de la provincia de Sevilla en el que informa de una serie de «incumplimientos de legalidad» de este organismo, con actividades desarrolladas en el ejercicio 2020 que «no resultan conformes con el marco normativo aplicable».
En el informe, la Cámara de Cuentas ha destacado como «principales incumplimientos de legalidad» los detectados en los capítulos de estructura y organización; en el de presupuestos y liquidación del mismo; modificaciones presupuestarias; control interno; personal; ingresos presupuestarios y deudas con acreedores, según recoge la Cámara en su informe.
En primer lugar, ha advertido que sobre el servicio que presta la mancomunidad en los municipios de Alcolea, Cantillana, El Castillo de las Guardas, El Ronquillo, La Algaba, La Rinconada, Lora del Río, Peñaflor, Tocina y Villaverde del Río «no constan los convenios que amparen la prestación de este servicio. […] En consecuencia, se desconoce el título jurídico habilitante para la prestación de estos servicios», apunta el informe.
A este respecto, en el pleno de organización del ayuntamiento de La Rinconada ya se avanzó que desde el consistorio se realizarían cambios en el próximo pleno extraordinario del día 28 a razón de la presidencia de la Diputación de Sevilla de Javier Fernández, a la sazón también alcalde de La Rinconada y con base a los resultados de una auditoría externa realizada «a algún organismo externo», del que en su momento no se quiso dar más detalles.
Cabe recordar que la presidencia de la Mancomunidad ha estado ostentada por el cuarto teniente de alcalde de Guillena, Antonio Garrido Zambrano, que también ostenta las delegaciones de Desarrollo Empresarial, Empleo, Urbanismo y Vivienda, Recursos Humanos, y la empresa pública de gestión del agua en Guillena, EMUSIN.
El Ronquillo y Guillena
Asimismo, el Ayuntamiento del Ronquillo presta el servicio de recogida de residuos en determinadas zonas del municipio de Guillena de acuerdo a un convenio entre ambas entidades que establecía como fecha límite hasta 2016. «Desde dicho año, se aplica un convenio no vigente», ha alertado.
La Cámara ha advertido también de que la Mancomunidad de La Vega ha «incumplido de forma sistemática» el artículo 11.b) de la Ley de la Cámara de Cuentas, que dispone que las cuentas de las Corporaciones Locales se presentarán dentro del mes siguiente a su aprobación por los respectivos órganos. «No ha rendido ninguna Cuenta General a la Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales desde 2006», ha enfatizado.
El informe también ha llamado la atención sobre la situación laboral del organismo, ya que «sólo cuatro de los 73 laborales indefinidos tienen reconocido su carácter de indefinido no fijo mediante sentencia judicial». «El resto tiene un contrato de trabajo indefinido o contratos temporales que se han ido concatenando en el tiempo o bien no se han renovado», ha puntualizado.
Todos estos trabajadores se encuentran en «una situación irregular» según el artículo 15.3 y 5 del Estatuto de los Trabajadores. Además, el informe ha avisado de que «no consta la documentación que acredite la forma de acceso para 25 empleados públicos» por lo que se incumple el artículo 55 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
En cuanto a las deudas con los acreedores, «se ha detectado la existencia de acreedores que han presentado en el ejercicio facturas por prestaciones de servicios que superan, de forma individual o conjunta, el límite establecido para la contratación menor. Nueve acreedores han presentado facturas en el ejercicio 2020 cuyo importe acumulado supera los 230.247,01 euros», según ha señalado la Cámara. Asimismo, se han fiscalizado operaciones por 458.737,05 euros pendientes de aplicar al presupuesto por «falta de consignación presupuestaria», lo que «infringe la Ley 47/2003 General Presupuestaria».
Por ello, la Cámara de Cuenta ha recomendado implantar medidas de protección para «mitigar el riesgo de sufrir ataques informáticos»; «establecer procedimientos que garanticen que las operaciones imputadas a la liquidación del presupuesto reúnen la documentación indicada en las bases de ejecución»; «crear un registro que permita un adecuado control de los convenios u otros acuerdos con otras entidades» y «aprobar medidas para garantizar que los Estatutos se encuentran adaptados a la normativa vigente y que los servicios prestados se realizan en el ámbito territorial fijado», entre otras actuaciones.
